Home

Diario YA


 

La ciudad condal conejillo de indias del comunismo bolivariano, permitido, consentido y favorecido por el gobierno de la nación.

Ada Colau, el artífice del ensayo narco comunista en Barcelona

Miguel Massanet Bosch.

Es evidente que, en España, se estás produciendo un hecho fundamental del que, con toda seguridad, va a depender, al menos en parte, el futuro de toda la nación española. El tema catalán ha venido condicionando desde hace años parte de la política nacional y debemos reconocer que, en una parte importante los culpables de que no se haya atajado el cáncer del separatismo soberanista, que tanta fuerza ha demostrado tener en Cataluña, se debe a los miedos, el galleguismo, la influencia del grupo de los miembros más timoratos y acomodaticios del gobierno del señor Mariano Rajoy que, si bien en muchos aspectos, especialmente el económico,  el de buenas relaciones internacionales y de proyección al exterior de nuestra patria, se le debe reconocer haber tenido éxito, no obstante, en cuanto al tratamiento de la cuestión catalana, su política de apaciguamiento, de tibieza, de intentos de solucionar las peticiones de los políticos catalanes a base de irles aumentado las subvenciones y, en especial, el seguir a la señora vicepresidenta, Sáez de Santamaría en su absurda, equivocada y presuntuosa idea de que ella era capaz de hacer cambiar de idea a los catalanes, cometió uno de los mayores errores que pueda cometer un político: permitir que un grupo minoritario de ciudadanos ponga en jaque al Gobierno de una nación. Fracasó y fracasó Rajoy, y las consecuencias de este fracaso y el éxito de la subsiguiente moción de censura, han sido los que le han permitido al señor Pedro Sánchez y a sus acólitos comunistas llevar a España a la atribulada situación en la que actualmente nos encontramos.


Pero lo que está sucediendo en Cataluña y más concretamente en su capital, Barcelona, rompe con cualquier calificación positiva que se le quisiera dar al hecho de que, en una ciudad de la importancia económica, industrial, turística, marítima, estratégica y de un acervo cultural tan importante, el Gobierno del Estado haya permitido que una señora, la Colau, que nunca debió haber sido elegida como alcaldesa de la ciudad, dados sus antecedentes antisistema, de activismo callejero y de desprecio por las leyes del país; se haya convertido, sin que nadie se lo impidiese, en la responsable de que la ciudad se esté transformando en lo que se podría considerar un Stalingrado ruso, una comuna soviética y una de las urbes más amenazadas de perder todos los alicientes que la convertían en una de las ciudades más visitadas de Europa; en la que, por desgracia, cualquier idea, por descabellada que fuere, que se le pudiera ocurrir a esta señora, encuentra inmediatamente el apoyo de quienes forman parte de su equipo ejecutivo. Y por si esta forma absolutista de entender la política municipal de una ciudad no fuera ya, de por sí, rechazable en una nación democrática como fue la española (la verdad es que, actualmente, ya llegamos a tener serias dudas de que lo siga siendo a la vista de cómo se nos van recortando nuestras libertades y cercenando nuestros derechos constitucionales), el resultado de los años que ya lleva esta comunista en su cargo, al frente del Ayuntamiento de Barcelona, han representado para los ciudadanos que habitan, el tener que pasar por las Horcas Caudinas de ser tratados como si, en Barcelona, no existiese la democracia, ni poder disponer con libertad de los bienes propios, de hacer uso del derecho de propiedad, amparado por la Constitución, y de ser tratados fiscalmente, como dice la Ley, en cuanto a no ser obligados a contribuir con impuestos que superan a todos los que están implantados en el resto de comunidades españolas. ¿Dónde está esta igualdad que se nos dice que tenemos todos los españoles para ser tratado, por igual, por las leyes?
En Barcelona se intenta gravar a los propietarios que tienen pisos vacíos, se someten a expropiación a aquellos que tengan solares sin edificar sin seguir, como debiera ser las normas constitucionales que obligan a indemnizar debidamente a aquellos que por interés social estén obligados a ceder alguna de sus propiedades. En Barcelona se obstaculiza hasta extremos absurdos el tránsito de coches particulares por las calles y avenidas; en Barcelona la alcaldesa ha intentado fijar el precio de los alquileres de los particulares; en Barcelona se viene impidiendo que empresas de alquiler de automóviles como Huber y Spotify puedan ejercer sus servicios, porque los taxistas se oponen a ello, pretendiendo ejercer un monopolio sobre el transporte de viajeros en la ciudad; en Barcelona se persigue a los pisos turísticos; en Barcelona se pretendió limitar la llegada de Cruceros, alegando que los turistas que transportaban creaban molestias a los habitantes de la villa, sin tener en cuenta de que, cada vez, son más los hoteles, restaurantes, bares, transportes, locales de ocio etc. que dependen en un 99% de estos turistas para poder sobrevivir; en Barcelona cada vez quedan menos industrias por el exceso de impuestos a los que están sometidas, especialmente en el caso de los autónomos; en Barcelona sus administradores están cediendo ante peticiones de carácter populista de sus ciudadanos, que están convirtiendo la ciudad en un laberinto en el que la circulación ( ya no permitida en muchos lugares del centro) en una especie de yincana en la que el conductor debe sortear carriles bici, patinetes que cruzan por donde les da la gana, peatones distraídos, junto a vehículos de transporte público constituidos en dueños absolutos del tránsito.
Es evidente que lo que se propone la señora alcaldesa y que intenta hacerlo, pese a sus fracasos ante los tribunales, es hacer inviable la circulación del coche particular, pretendiendo que todos los ciudadanos usen el transporte público que, por otra parte, no está suficientemente programado para dar abasto a la demanda que ello supondría. Lo mismo se puede decir de los pisos vacíos donde a los ciudadanos que han pagado sus impuestos y el IBI correspondiente de las viviendas, se los quiere involucrar en algo que resulta absurdo. Si faltan viviendas sociales es a los ayuntamientos y organismo públicos a quienes les corresponde edificarlas para dar abasto a la demanda de los “sin vivienda”, es para esto que pagamos los impuestos que, como ya hemos dicho, son los más alto de toda España.  Por si fuera poco ahora, el Ayuntamiento de Barcelona, quiere subrogarse en el lugar de los propietarios privados de locales de negocios, para ser él quien los administre, cobre los alquileres y los distribuya, algo que ya es inveterado en todo aquello en que los poderes públicos meten la mano: entregárselo a quienes tengan más influencias, a miembros de su formación política o a amiguetes a los que alguien les debe un favor.
Y una reflexión sobre el empeño de obstaculizar la circulación del coche privado. Las fábricas de coches españolas están pasando por una crisis de ventas que, cada día parece que va empeorando. No creemos que estas políticas, como la del Ayuntamiento de Barcelona, sirvan para animar a los ciudadanos a comprar coches. Si es que se pretende que los actuales se sustituyan por coches eléctricos ni por su precio ni por su actual número de unidades fabricadas ni por las infraestructuras precisas para garantizar los puntos de carga precisos para que los haya en todos los puntos del país, hoy en día se puede considerar como un relevo automático para que, quienes tengan coches de gasolina o de otro tipo de combustible orgánico, estén en condiciones de prescindir de ellos sin haber tenido el tiempo suficiente para amortizar su coste.  El número de trabajadores que dependen de las fábricas de automóviles en España puede cifrarse en unos 80.000, a los que deben añadirse los de las cadenas de ventas y distribuidores lo que, fácilmente, puede elevar la cifra por encima de los 100.000 empleados que, hoy en día, tienen sus puestos de trabajo pendientes de que se sigan vendiendo coches a los particulares.
Es obvio que, si una persona tiene que desplazarse por Barcelona desee hacerlo en su propio vehículo, entre otras razones porque ha pagado sus impuestos para poder hacerlo. Si uno tiene que adquirir un vehículo solamente para utilizarlo como medio de ocio, excursiones, viajes de placer, vacaciones etc. es muy probable que desista de ello, porque un dispendio tan importante para el lujo de sólo emplearlo en ocasiones especiales no es rentable ni lo es mantenerlo encerrado en el garaje o bien en un aparcamiento público.
Claro que, con toda seguridad, a la señora Colau y al señor Colboni, todas estas consideraciones les parezcan poco importantes, o quizá puedan intentar hacernos pensar que el hecho de que un ciudadano, aunque no sea rico, disponga de un automóvil es una muestra de lujo que no debiera permitirse, o sea, que mejor renunciar a las comodidades para volver a aquella edad de los tranvías, los carruajes y las calles empedradas para uso de las caballerías. Y, mientras tanto, los que gobiernan la nación, los que dependen de los votos de los comunistas de Podemos o los separatistas de ERC o de Junts per Barcelona o los mismos socios del Omnium Cultural o de la Asamblea Catalana, se sientan muy satisfechos de que aquella ciudad, que fue la envidia de propios y extraños, se vaya convirtiendo, poco a poco, en un lugar de viviendas comunitarias y las calles iluminadas y llenas de comercios de categoría, se transformen en lugares o garitos donde se consuman drogas y se cometan delitos. No estamos lejos de que ello ocurra a menos que suceda lo improbable, que cambie el actual gobierno o que se reemplace el enfoque de la política del PSOE, volviendo a lo que fue en aquellos tiempos en los que estaba al frente del mismo el señor Felipe González. Aquello era otra cosa.
O así es como, señores, desde la óptica de un simple ciudadano de a pie, vemos como España, paso a paso, se va convirtiendo en una sombra siniestra de aquel gran país que fue. Francisco Pi y Maragall, presidente de la 1ª República española nos dejó la siguiente idea: “Las convicciones políticas son como la virginidad: una vez perdidas, no vuelven a recobrarse.
 

Etiquetas:cataluña